SSPC asegura protección
En el reciente proceso electoral, la seguridad ha sido una preocupación central. Rosa Icela Rodríguez, la titular de Seguridad, informó que recibieron 645 peticiones de protección y atendieron 595 de ellas. Hoy en día, 121 candidatos electos cuentan con seguridad.
Asesinatos en el proceso electoral
Rosa Icela Rodríguez Velázquez, secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), informó que asesinaron a 12 candidatos registrados oficialmente ante institutos electorales locales. Acusó a la oposición de generar campañas de desprestigio al afirmar que México vivió el proceso electoral más violento de su historia, lo cual rechazó.
Peticiones de protección
Durante una conferencia, Rosa Icela Rodríguez detalló que se recibieron 645 peticiones de protección. De estas, 595 fueron atendidas y 50 declinadas por los propios solicitantes. Actualmente, 121 candidatos electos mantienen seguridad hasta que tomen posesión de sus cargos.
Vigilancia de las Fuerzas Armadas
El proceso electoral de este año fue “muy cuidado” y vigilado por las Fuerzas Armadas, según Rodríguez. Pese a esto, lamentablemente, se registró el homicidio de 12 candidatos. La secretaria señaló que la oposición ha mostrado interés en generar alarma y la idea equivocada de que México vivió el proceso electoral más violento de la historia reciente, algo que ella rechaza.
Campañas de desprestigio
Rodríguez afirmó que las campañas de la oposición buscan el desprestigio del gobierno. Indicó que un análisis comparativo de los homicidios en diferentes procesos electorales demuestra que no se vivió el proceso más violento. Los candidatos que solicitaron seguridad la mantendrán hasta tomar posesión de sus cargos, con 121 candidatos aún protegidos.
Investigación de los homicidios
En Palacio Nacional, la titular de la SSPC destacó que no se registró ningún homicidio de contendientes a cargos de elección federal ni a gubernaturas, a diferencia de gobiernos pasados. Además, señaló que las investigaciones de estos homicidios están a cargo de las fiscalías estatales para evitar la impunidad.