Una investigación revela la trama corrupta que involucra a la actual coordinadora de Administración del Consejo de la Judicatura Federal
¿Quién es Sonia Vargas y qué relación tiene con Genaro García Luna?
Sonia Vargas Terrero es una exfuncionaria pública que trabajó en la Policía Federal durante los sexenios de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto.
Según una investigación de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), ella es directamente responsable de la firma de contratos presuntamente irregulares por un monto de 71 millones 600 mil dólares.
Estos contratos forman parte de una trama de corrupción que se realizó bajo la gestión de Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública acusado de narcotráfico en Estados Unidos.
Sonia Vargas inició su carrera como funcionaria en el año 2000 dentro de la Policía Federal.
Ahí ocupó diversos cargos, entre ellos el de directora general de Recursos Materiales, Servicios Generales e Infraestructura.
En este periodo estuvo bajo el mando de Luis Cárdenas Palomino, uno de los principales colaboradores de García Luna.
Actualmente, Sonia Vargas se desempeña como directora de Control de Nóminas y Prestaciones en la Coordinación de Administración Regional del Consejo de la Judicatura Federal (CJF).
Su designación ha sido cuestionada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien la vinculó con la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Norma Piña.
¿Qué contratos firmó Sonia Vargas y con qué empresas?
De acuerdo con el titular de la UIF, Pablo Gómez, Sonia Vargas firmó contratos con empresas que ofrecían servicios de seguridad e inteligencia a la Policía Federal.
Estas empresas son:
- Security Tracking Devices Inc., con sede en Florida, Estados Unidos. Esta empresa recibió 69 millones 100 mil dólares por un contrato firmado por Rodrigo Esparza Cristerna, comisionado de la Policía Federal Preventiva.
- Grupo Tech Bull SA de CV, con sede en México. Esta empresa recibió 38 millones 800 mil dólares por un contrato firmado por Humberto Martínez González, director general de Apoyo Técnico.
- IUNIKA SA DE CV, con sede en México. Esta empresa recibió 2 millones 500 mil dólares por un contrato firmado por Luis Cárdenas Palomino, titular de la División de Seguridad Regional.
- Security Assistance Group LLC, con sede en Florida, Estados Unidos. Esta empresa recibió 12 millones de dólares por un contrato firmado por Rafael Avilés Hernández, jefe de la División de Fuerzas Federales.
Estos contratos se realizaron entre 2007 y 2012, durante el gobierno de Felipe Calderón.
Además, Sonia Vargas también firmó contratos durante el gobierno de Enrique Peña Nieto con las siguientes empresas:
- Grupo Comercializador E Inmobiliario Del Sureste SA De CV, con sede en México. Esta empresa recibió 253 millones 400 mil dólares y 67 millones 300 mil pesos por un contrato firmado por Eugenio Ímaz Gispert, director del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN).
- Grupo Comercializador E Inmobiliario Del Sureste SA De CV, con sede en México. Esta empresa recibió 88 millones 300 mil pesos por un contrato firmado por Eduardo Guerrero Durán, comisionado del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social.
¿Qué acciones ha tomado el gobierno mexicano al respecto?
El gobierno mexicano ha presentado una demanda civil en Florida para recuperar los recursos extraídos al erario por estas operaciones ilícitas.
Según el titular de la UIF, se trata de un “gigantesco mecanismo de succión de dinero público” que ronda en 700 millones de dólares.
Sin embargo, la demanda se encuentra detenida por una apelación de la defensa de los funcionarios involucrados que cuestionan la competencia del tribunal estadounidense.
Se espera que esto se resuelva próximamente para continuar con el proceso emprendido para restituir el dinero a México.
Por su parte, el CJF ha publicado el currículum de Sonia Vargas y ha afirmado que no tiene sanciones administrativas ni penales.
No obstante, no ha aclarado si fue contratada directamente por la ministra Norma Piña o por otra instancia del Poder Judicial.