Un Nuevo Enfoque
En medio de la crisis migratoria que vive, México ha logrado un convenio con Venezuela y busca medidas para contenerla.
El Plan de México
México proporcionará empleos y un estipendio de 660 dólares a los venezolanos que acepten regresar a su país de origen. Este esfuerzo conjunto tiene como objetivo reducir la migración, pero garantizando un empleo a las personas.
Importantes empresas, entre ellas Polar, Petróleos de Venezuela, Grupo Bimbo y Fomento Económico Mexicano, han acordado ofrecer a los migrantes trabajos remunerados con 110 dólares al mes durante al menos medio año. Este incentivo para regresar a Venezuela fue anunciado este jueves 21 de marzo por la secretaria de Relaciones Exteriores, Alicia Bárcena. Sin embargo, no se especificó cuántos inmigrantes podrían solicitar el programa.
Contexto del Plan
Este plan surge cinco meses después de una reunión entre el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y Andrés Manuel López Obrador. También se produce tras la renovación en diciembre de los vuelos de repatriación desde México, que ha visto aumentar los flujos de migrantes venezolanos que intentan llegar a la frontera sur de Estados Unidos.
México se enfrenta a la presión de las autoridades estadounidenses para que reduzca el número de migrantes en la frontera común de ambos países. Este intento busca aliviar la presión sobre los recursos estadounidenses y mejorar la reputación del presidente Joe Biden entre los votantes de cara a las elecciones de noviembre.
México contra la Ley Antimigrante de Texas
México presentó el jueves en una corte estadounidense un informe contra la ley de Texas, que permite a ese estado detener y deportar a las personas que ingresen de forma ilegal a Estados Unidos y que temporalmente está en suspenso.
La canciller mexicana, Alicia Bárcena, anunció en su cuenta de la red social X, antes Twitter, que fue consignado ante una Corte de Apelaciones un escrito, conocido como “amicus curiae” (amigos de la corte), para exponer la visión de las autoridades mexicanas sobre esa polémica norma, a la que calificaron como violatoria de derechos humanos.
México sostiene que la ley de Texas puede conducir al “acoso, detención, expulsión y criminalización indebida” de mexicanos e individuos de apariencia latina, detonar un “ambiente de incertidumbre” e impactar en la colaboración y diálogo sobre asuntos fronterizos y en el comercio entre los dos países.
La canciller reiteró que no se permitirá “ninguna acción” de las autoridades ni policías de Texas contra los mexicanos que residen allí. Que estimó que alcanzan a 26 por ciento de la población. E indicó que los 11 consulados mexicanos tienen instrucciones para brindar protección y orientación a sus ciudadanos.