Caso Ayotzinapa y la Carta a la Ministra Piña

Carta de AMLO a Ministra Piña

El Caso Ayotzinapa y la liberación de militares

El Caso Ayotzinapa ha tomado un giro inesperado con la liberación de ocho militares involucrados. El presidente Andrés Manuel López Obrador ha instruido a la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde. A dar a conocer la carta que él envió en diciembre a la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Norma Lucía Piña.


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Durante su conferencia mañanera del martes 23 de enero en Palacio Nacional. López Obrador acusó que en el Poder Judicial hay un interés político con la liberación de los militares porque buscan desprestigiar al Ejército. El Presidente reveló que desde hace 15 días le envió una carta a la ministra Piña para advertirle sobre esta situación.

La carta de AMLO a Ministra Piña

En atención a la instrucción del presidente López Obrador. La titular de Gobernación hizo pública la carta que se envió a la ministra presidenta de la SCJN “desde el 12 de diciembre sobre la posible liberación de 8 militares vinculados al caso Ayotzinapa”. En la carta, se advierte del riesgo de modificar las medidas cautelares y de la trascendencia de este asunto para el Estado mexicano.

Detalles de la carta

La secretaria de Gobernación menciona en el texto la resolución adoptada. En la sesión del jueves 30 de noviembre de 2023 del Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito en la Ciudad de México. En la sesión, se estimó “fundado” el agravio aducido por los ocho militares inculpados dentro de la causa penal 1/2023 del índice del Juzgado Segundo de Procesos penales Federales en el Estado de México, con residencia en Toluca.

Se determinó modificar y conceder la suspensión para el efecto de celebrar una nueva audiencia a fin de que se emita una medida cautelar diferente a la prisión preventiva oficiosa decretada a los siguientes inculpados relacionados con el caso Ayotzinapa.


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Implicaciones de la liberación

Al modificar la prisión preventiva oficiosa existe un alto riesgo de sustracción de la justicia, por ejemplo que se vuelvan ilocalizables o huyan del país. Además, este es un asunto de la mayor importancia y trascendencia para el Estado por las graves violaciones a derechos humanos que se cometieron en contra de los jóvenes desaparecidos, así como de las madres y padres que los buscan.