Indígenas denuncian violencia sistemática de Los Ardillos
Comunidades nahuas en Guerrero enfrentan una crisis humanitaria grave debido a las agresiones constantes perpetradas por el grupo criminal Los Ardillos. Estos ataques ocurren en los poblados de Tula, Xicotlán y Acahuehuetlán, pertenecientes al municipio de Chilapa. Al menos 800 familias abandonaron sus hogares para proteger su integridad física ante la violencia extrema. Los agresores utilizan armas de grueso calibre y drones cargados con explosivos para aterrorizar a la población civil. El Consejo Indígena y Popular de Guerrero–Emiliano Zapata (CIPOG-EZ) reporta una situación de desamparo total.
Desplazamiento forzado y omisión gubernamental
La población indígena critica la falta de intervención efectiva por parte de las autoridades federales y estatales. Según los testimonios, los operativos criminales de Los Ardillos duraron varios días sin encontrar resistencia oficial alguna. Las madres de las comunidades denuncian que pasaron noches escondidas en el monte con sus hijos. El miedo persiste porque los grupos armados mantienen el control territorial en la Montaña Baja. Diversas organizaciones nacionales e internacionales exigen al Estado mexicano detener esta embestida paramilitar de forma inmediata.
Impacto en los derechos humanos comunitarios
El historial de este grupo delictivo en la región data desde el año 2015. Desde entonces, Los Ardillos generan una estela de crímenes que incluye secuestros y asesinatos de líderes sociales. El CIPOG-EZ contabiliza 76 compañeros asesinados y 25 personas desaparecidas en sus pueblos originarios. La Comisión Nacional de Derechos Humanos emitió medidas cautelares en 2021, pero los pobladores señalan su incumplimiento. Las familias refugiadas en iglesias locales solicitan apoyo urgente de víveres y seguridad permanente para regresar a sus tierras.
Exigencia de justicia para los pueblos nahuas
Los colectivos demandan la desarticulación total de las estructuras criminales que operan en la zona. Responsabilizan a los tres niveles de gobierno por la seguridad de los habitantes desplazados. El silencio institucional ante los ataques con drones representa un riesgo latente para las niñas y niños. La sociedad civil organizada pide investigar la posible complicidad de funcionarios locales con la delincuencia. La prioridad actual reside en garantizar un retorno seguro y digno para las mil familias afectadas por la guerra.